Un ejército sin país que luchó en la Primera Guerra Mundial‏

                Al estallar la Primera Guerra Mundial, los territorios de lo que hoy serían la República Checa y Eslovaquia —Checoslovaquia hasta 1992— formaban parte del Imperio austrohúngaro, pero su pertenencia se debía más a cuestiones políticas que al sentimiento de identidad con los Habsburgo. De hecho, tenían más afinidad con el Imperio ruso al que muchos checos y eslovacos habían emigrado. Ya sea por demostrar su lealtad a su nueva patria o por el temor a ser encarcelados por considerarlos una quinta columna, estos emigrantes solicitaron formar su propia unidad de combate y luchar junto al ejército ruso. A su vez, el ejército astrohúngaro reclutó a checos y eslovacos para sus filas pero éstos aprovecharon los primeros enfrentamientos para rendirse ante sus hermanos que luchaban a las órdenes del zar Nicolás II. Lo que a ojos de las Potencias Centrales era una vulgar traición, a ojos de los desertores era una ocasión para debilitar a los Habsburgo y, de esta forma, colaborar en la victoria de los Aliados para conseguir su ansiada independencia y constituirse en un país. Los austríacos respondieron con una brutal represión que aumentó el sentimiento nacionalista de checos y eslovacos. A los desertores, inicialmente encarcelados en Siberia, se les permitió unirse a sus hermanos que ya luchaban con los rusos para formar la llamada Legión Checoslovaca —en 1917 llegaron a los 60.000 miembros—. Todo iba a cambiar en un abrir y cerrar de ojos… estalló la Revolución rusa.

Un invierno especialmente duro, la hambruna provocada en parte por los recursos destinados a la guerra y el hastío por un conflicto bélico del que sólo llegaban noticias de derrota tras derrota, provocaron un estallido social que llevó a la abdicación del zar Nicolás II. Alemania, consciente de la inestabilidad interior rusa, echó más leña al fuego facilitando la llegada de Lenin a Moscú, exiliado en Suiza. Al frente de los bolcheviques, Lenin consiguió llegar al poder en noviembre de 1917 e inició las conversaciones con las Potencias Centrales para sacar a Rusia de la guerra. Con la sartén por el mango y mientras duraron las conversaciones de paz, Alemania lanzó una gran ofensiva en el frente oriental, los únicos que le hicieron frente fueron los miembros de la Legión Checoslovaca. En marzo de 1918, con la firma del Tratado de Brest-Vitovsk, Rusia abandonaba la contienda y la Legión Checoslovaca se encontraba en tierra de nadie y sin un país por el que luchar. Su única opción era salir de Rusia para unirse a los Aliados en el frente occidental, pero tanto la frontera terrestre como el Báltico estaban controlados por los alemanes… sólo podían salir de Rusia por un puerto del Pacífico. Los 60.000 miembros de la Legión Checoslovaca iniciaron un largo viaje de 9.000 kilómetros hasta Vladivostok, donde embarcarían para atravesar el Pacífico, llegar hasta los EEUU y desde allí a Francia para seguir luchando. La única opción de traslado posible era el Transiberiano.

La reciente neutralidad rusa y los acuerdos firmados entre los bolcheviques y la Legión, permitieron a ésta iniciar el viaje con los únicos contratiempos propios del traslado de un contingente tan numeroso y todo el armamento que les acompañaba. Esta relativa tranquilidad no iba a durar mucho… Rusia volvió a tambalearse con una guerra civil que enfrentó al Ejército Rojo —bolcheviques— y al Ejército Blanco —contrarrevolucionarios—. Además, los austrohúngaros reclamaban la entrega de los miembros de la Legión para fusilarlos por traidores. El miedo a que las Potencias Centrales rompiesen el tratado de paz y la necesidad de las armas que transportaba la Legión, llevaron al Ejército Rojo a asaltar el convoy. Inesperadamente, las fuerzas checoslovacas derrotaron a los bolcheviques. Conscientes de su nueva situación —en tierra hostil y solos—, trataron de asegurar su vía de escape: la línea férrea. Montaron piezas de artillería en los vagones y fueron avanzando hacia Vladivostok manteniendo el control del Transiberiano. En su esfuerzo por asegurar su camino, tomaron un tren que, para sorpresa de todos, transportaba el oro de la reserva imperial.

Terminada la Primera Guerra Mundial, comenzaron a llegar noticias a Occidente de un “ejército sin país” que trataba de salir de Rusia. Los Aliados, tan altruistas y misericordiosos, decidieron ayudarles a salir de aquella ratonera enviando tropas a Vladivostok para embarcarlos, pero la realidad de aquella misión de rescate era bien distinta: la Legión iba a ser utilizada para frenar a los bolcheviques y su revolución comunista apoyando al Ejército Blanco. Thomas Masaryk —el futuro presidente de la república de Checoslovaquia— trató de sacar provecho del sacrificio de sus compatriotas y negoció con los Aliados la independencia de sus territorios y la creación de un nuevo Estado… nacía Checoslovaquia. Con el control del Transiberiano y los territorios circundantes, los Aliados desembarcaron en Vladivostok para asegurar la ciudad y mantenerla hasta que llegase la Legión.

Y como tantas otras veces, todo volvería a cambiar… el avance sin tregua del Ejército Rojo amenazaba con dejar atrapados a los errantes. Así que, utilizaron el oro capturado para negociar con los bolcheviques su evacuación. En 1920, todos los supervivientes de la Legión Checoslovaca —unos 40.000— habían regresado a su patria, un país que no existía cuando se embarcaron en aquella aventura. Y aquí termina la historia de este ejército sin país… casi. Se cree que de los ocho vagones capturados con oro, los checoslovacos sólo entregaron el que había en siete de ellos. El oro procedente del octavo vagón llegó hasta Checoslovaquia y sirvió para crear Legiobanka (Banco de la Legión).

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Juan Carlos I, la transición y la democracia.

 

               Hay quienes confunden la historia con sus experiencias personales y todo lo que ven, huelen y oyen tiene que estar dentro de su mundo cultural y del de sus amigos. Escriben sobre historia, pero no dialogan con las fuentes, porque las suyas siempre se supone que son de primera mano. Cuando se trata de historia muy reciente, los testimonios por ellos recogidos siempre son los más relevantes.
Pero el historiador debe dar la oportunidad al lector de comprender diferentes puntos de vista. Debe ser independiente, no buscar favores ni dejar fuera de la narración las zonas oscuras.
La abdicación de Juan Carlos I nos ha devuelto a la historia de los grandes y memorables personajes. ¿A quiénes va dirigida esa historia? ¿Por qué se necesita una historia plana, de cuento de hadas, en un mundo que ya vive en la era de Internet?.
Lo que siguen son cinco argumentos que, desde la investigación histórica, los más jóvenes –esos que no necesitan contar sus experiencias personales- podrían leer.
1. Franco murió en la cama en noviembre de 1975 y tras su muerte, que ponía fin a una dictadura de casi cuarenta años levantada sobre las cenizas de una guerra civil, se produjo una transición a la democracia “desde arriba”, conducida por las autoridades procedentes del franquismo, aunque negociada y pactada en algunos puntos básicos con los dirigentes de la oposición democrática.
El 21 de julio de 1969 Franco presentó a Juan Carlos como sucesor ante el Consejo del Reino y un día después a las Cortes, que aceptaron la propuesta del dictador por 491 votos afirmativos, 19 negativos y 9 abstenciones. El 23 de julio el príncipe juró “lealtad a Su Excelencia el Jefe del Estado y fidelidad a los Principios del Movimiento y las Leyes Fundamentales”. El nombramiento respondía por fin a la pregunta de “después de Franco, ¿quién?” y parecía asegurar una continuidad de los principios e instituciones de la dictadura.
Franco tenía entonces setenta y siete años y había comenzado ya a mostrar claros síntomas de envejecimiento, agravados por la enfermedad de Párkinson y muy visibles en su temblor de manos, rigidez facial y debilitamiento de su tono de voz. Ante ese panorama, Carrero Blanco, que había sustituido en septiembre de 1967 al general Muñoz Grandes como vicepresidente del Gobierno, aceleró su plan de atar la institucionalización de la dictadura con la designación por Franco de un sucesor a título de rey. Desde comienzos de los años sesenta, y después de haber soportado múltiples presiones para que designara a don Juan, hijo de Alfonso XIII y padre de Juan Carlos, Franco lo había descartado como sucesor, así como a cualquier miembro de la dinastía carlista. Fue Carrero Blanco quien, sobre todo a partir de enero de 1968, cuando Juan Carlos cumplió los treinta años, edad establecida para poder reinar por la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado de 1947, convenció a Franco para que tomara la decisión de nombrar al “príncipe de España” como su sucesor, al frente de una “Monarquía del Movimiento Nacional, continuadora perenne de sus principios e instituciones”.
Juan Carlos vivió esos años, de intensos conflictos sociales, de represión y tortura, de violación sistemática de los derechos humanos y de ejecuciones de pena de muerte, entre julio de 1969 y noviembre de 1975, como si la historia no fuera con él. No se trata de pedirle ahora que hubiera tenido que reaccionar, sino de constatar que su educación y mentalidad estaban muy conectadas y de acuerdo con lo que la dictadura imponía en ese momento en España. Tampoco era ya un niño, superados los treinta años de edad.
2. A las 12 horas y 35 minutos del 22 de noviembre de 1975 los acordes del himno nacional anunciaron la entrada del príncipe Juan Carlos de Borbón y Borbón, vestido con el uniforme de capitán general, en el hemiciclo de las Cortes. El presidente de las Cortes y de los Consejos del Reino y de Regencia, Rodríguez de Valcárcel, procedió a tomar juramento al nuevo rey según lo dispuesto en la Ley de Sucesión de la Jefatura del Estado: “Juro por Dios y sobre los Evangelios cumplir y hacer cumplir las Leyes Fundamentales del Reino y guardar lealtad a los principios que informan el Movimiento Nacional”. A continuación Juan Carlos I pronunció su primer mensaje dirigido a la nación. El monarca declaró el inicio de “una nueva etapa en la historia de España”, manifestó su deseo de alcanzar un “efectivo consenso de concordia nacional” y su intención de integrar a “todos los españoles”, admitió la existencia de “peculiaridades regionales”, la necesidad de realizar “perfeccionamientos profundos”, el “reconocimiento de los derechos sociales y económicos” y la apuesta decidida de la Corona por la integración en Europa. Y recordó con respeto y gratitud la figura de Francisco Franco e invocó el buen nombre de su familia y la tradición monárquica de cumplimiento del deber y de servicio a España.
La corona no le llegaba a Juan Carlos por sucesión real –el derecho al trono seguía en manos de su padre, don Juan, que permanecía en el exilio- y los procuradores que le escucharon el discurso en las Cortes no representaban, ni mucho menos, la voluntad de la soberanía nacional. Su única legitimidad en esos momentos, procedía del testamento político del dictador, de la legalidad franquista vigente. Y Juan Carlos nombró como primer presidente de Gobierno a Carlos Arias Navarro, que había sido también el último presidente de Gobierno de la dictadura.
3. Hace más de treinta y cinco años que los españoles tenemos una monarquía parlamentaria y una Constitución democrática. Un largo período de estabilidad, reformas y cambios; de profundas transformaciones políticas, socioeconómicas y culturales. Una especie de milagro, dada la traumática historia de España en las décadas anteriores, que atrajo la atención de teóricos sociales y políticos de medio mundo. Y el rey Juan Carlos, que había comenzado su reinado tres años antes de la Constitución, con un juramento ante las Cortes franquistas, se convirtió en el “motor” o “piloto” del gran cambio que nos llevó desde la dictadura a la democracia.
Ese proceso de transición a la democracia forma parte ya de nuestra historia. Tema de estudio y debate, pero Juan Carlos, la Monarquía y la Corona quedaron fuera. Hubo una construcción positiva en torno a él, estimulada por políticos, intelectuales y medios de comunicación, que le dejó fuera de las zonas oscuras, errores o deficiencias de la democracia. El éxito de la transición gracias al Rey fue confrontado con el fracaso y mala reputación de la República, la causa de todos los conflictos y luchas que habían llevado a la guerra civil. Una operación de propaganda que ha sido capaz de sobrevivir sin mayores cambios durante treinta años, en los medios de comunicación y en los libros de texto de escuelas y centros de enseñanzas medias.
4. Ese orden, sin embargo, se ha quebrado en los últimos tres años, desde que estalló el caso Urdangarín hasta la cacería de elefantes en Botsuana. Y todo eso ocurrió en medio de una crisis económica profunda y de un descrédito sin precedentes de la política establecida. De la misma forma que la crisis, el paro y los ataques al Estado del bienestar han puesto fin a la boyante y artificial prosperidad anterior y nos recuerdan día tras día nuestra vulnerabilidad, los escándalos en torno a la Monarquía comenzaron a cambiar las percepciones y actitudes de muchos ciudadanos hacia una institución sacralizada. Y el ruido no llegó como consecuencia de un movimiento social republicano, al acoso y derribo del orden existente, sino del desmoronamiento de algunos de los pilares en que se había basado esa construcción positiva y no sujeta a escrutinio del edificio monárquico.
5. La abdicación de Juan Carlos, un hecho natural y lógico en el escenario en el que vivimos, ha servido para inundar a la opinión pública de una narración rosa sobre los grandes servicios prestados a la Patria y alabanzas hacia esa sabia decisión de saber dejar el trono a tiempo y dejar paso a su hijo.
La dictadura no terminó de golpe en un solo día, el 20 de noviembre de 1975, cuando Franco murió en la cama del hospital. Y lo ocurrido a partir de entonces no fue el resultado de un plan preconcebido desde arriba de manera autónoma y dirigido con energía gracias a la figura de Juan Carlos I.
Ya en el siglo XXI, hay una nueva generación de españoles, posterior a la transición, que nutre un amplio movimiento en favor de una regeneración política y una mirada libre y rigurosa hacia ese pasado. Aceptar eso significa abrir debates, donde quepan relatos oficiales y visiones y revisiones críticas. Eso no es nada excepcional. Es simplemente una prueba de madurez de una sociedad civil democrática que decide enfrentarse sin miedo a los supuestos fantasmas de su pasado.

 

Julián Casanova.

14 de abril: cuando la democracia se llama República.

 

Para entender lo que supuso el 14 de abril de 1931 tendríamos que reducir drásticamente nuestra renta per cápita, extender a amplísimos sectores el analfabetismo, desproteger socialmente mucho más de lo que últimamente ha hecho el Gobierno o quitar a la mujer incontables derechos, entre ellos el voto. Además, deberíamos barrer los cuarenta años de franquismo que contaminaron la memoria colectiva de la Segunda República, con la repetición incansable de imágenes de iglesias ardiendo y del alboroto social; una operación goebbeliana para intoxicar el imaginario.

Iniciando ese proceso podríamos acercarnos a cómo eran los millones de hombres y mujeres que entonces ocupaban la base de nuestra pirámide social. Eran miembros de una larga estirpe de analfabetos, ajenos a la posibilidad de un buen futuro. Eran mineros que tenían junto a ellos trabajando a niños, capaces de colarse en las grietas más estrechas. Eran mujeres a las que se les negaban capacidades y derechos. Vivían sometidos al arbitrario capricho de los terratenientes y de una iglesia católica, casada con el Estado, ultrapoderosa y convertida en una máquina de producir y reproducir resignación para que se sostuviera una estructura social cuasi feudal, donde las clases dominantes se comportaban como colonizadores en su propia tierra

En ese viaje hacia el pasado podríamos entender perfectamente que aquel 14 de abril plazas de numerosas ciudades y pueblos se encontraran abarrotadas de ciudadanos que celebraban el advenimiento de un Estado moderno, inclusivo, capaz de aplicar los principios de la ilustración y explicar mediante la acción política que con recursos y posibilidades cualquier miembro de la sociedad podía aspirar a tener garantizados unos derechos básicos. Se trataba de acabar con un sistema de castas, donde cientos de miles de trabajadores cumplían interminables jornadas para alcanzar escasamente la posibilidad de alimentar a sus familias. Y todo eso ocurría en un ámbito de inmovilidad social, donde los hijos e hijas ocuparían irremediablemente la posición social de sus padres.

La principal herramienta que los gobiernos progresistas de la Segunda República utilizaron para terminar con ese sistema de castas estamentales fue la educación. La universalidad de la enseñanza era el motor de una sociedad que pretendía basarse en la meritocracia y no en la herencia de privilegios y la sucesión de eternos privilegios. Como dice don Gregorio, el maestro republicano de La lengua de las mariposas el día de su jubilación: «Si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre en España, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad».

La Constitución de la Segunda República plasmaba el proyecto de terminar con el caciquismo, de apartar de la iglesia católica del Estado, para debilitarla políticamente y que dejara de ser el principal instrumento legitimador de la injusticia social terrenal. Para entender los avanzados planteamientos de los constitucionalistas republicanos, basta saber que se trató del primer texto constitucional del mundo que admitía como propio el derecho internacional humanitario que se había desarrollado hasta la época.

La Segunda República supuso el mayor salto cualitativo de nuestra historia. Inmediatamente después de su proclamación y en pocos años los avances políticos y sociales que se proyectaron fueron demoledores para una oligarquía que consideraba tenerlo todo atado o bien atado. Por eso el primer golpe militar, la Sanjurjada, ocurrió en el verano de 1932 y el dictador Francisco Franco amnistío el 9 de septiembre de 1939 todo tipo de crímenes contra la República que fueran cometidos desde el 14 de abril de 1931 que obedecieran al «impulso del más fervoroso patriotismo y en defensa de los ideales que provocaron el glorioso Alzamiento contra el Frente Popular». En esa ley queda claro que su golpe de Estado no fue una respuesta a los desórdenes sociales, equiparables a los de cualquier país europeo en esos años, sino la existencia de un modelo de Estado democrático y democratizador.

Transición y no recuperación

Cuando muere el dictador Francisco Franco, quienes pilotan el proceso político lo bautizan como ‘transición’ a la democracia y no como ‘recuperación’ de la democracia. De ese modo borran la existencia de un periodo democrático anterior. La operación se completa con la celebración de las elecciones de junio de 1977, a las que no se puede presentar ningún partido republicano. El objetivo era diseñar un parlamento en el que nadie cuestione el restablecimiento de una monarquía. La colaboración parlamentaria del PSOE y del PCE en ese borrado republicano fue fundamental para organizar a sus militancias en torno a la defensa de la Constitución de 1978 que nos convertía en una monarquía parlamentaria.

Durante dos décadas la república fue algo casi innombrable, totalmente ajena a las instituciones, como si no hubiera existido, convertida en un férreo tabú. Su ocultamiento fue reforzado por la intervención de Juan Carlos de Borbón en el 23 F; un golpe de Estado tremendamente similar al sucedido en Moscú en agosto de 1991 que también fue un ataque al Parlamento y permitió la aparición de un salvador de la democracia que en aquel caso fue Boris Yeltsin.

Así llegamos al Siglo XXI donde se produce un cambio interesante que en buena parte tiene que ver con la aparición de las fosas comunes y el «regreso» de los republicanos y las republicanas que durante años habían sido condenados al olvido por un parlamento que había puesto punto y aparte con respecto a esa historia. La generación de los nietos rompe el silencio republicano.

Según avanza ese proceso comienzan a ensancharse márgenes para el republicanismo. En junio de 2004 se celebra en Rivas Vaciamadrid el homenaje «Recuperando Memoria», que reúne a 741 republicanos y republicanas de todo el Estado, ante más de 20.000 personas. Se trataba del mayor acto republicano desde la Segunda República y supuso un punto de inflexión cuando por el escenario de ese concierto pasó buena parte del capital simbólico de la izquierda. Así nació y creció un debate que obligó a formaciones políticas que habían renegado del republicanismo en la transición a acercase a él e incluso a querer liderarlo, a la vez que creaba en ciertos sectores moderados de la izquierda esa justificación de «ser republicano y juancarlista».

Este fin de semana se han llevado a cabo decenas de actos republicanos a lo largo y ancho de todo el Estado. El Centro de Investigaciones Sociológicas ha dejado de preguntar por la monarquía, porque ni con la cocina que permiten las encuestas puede disimular el desapego de la sociedad hacia una institución cargada de privilegios. El mito de la transición, construido en parte para no permitirnos ver que hubo una democracia antes de la dictadura franquista, se desmorona, ante una realidad que aparece tras los tabúes que han permanecido en pie demasiado tiempo.

El 14 de abril fue una fecha fundacional para nuestra historia democrática. También para celebrar el surgimiento de un Estado moderno, laico, inclusivo, orientado a producir los cambios estructurales que necesitaba una sociedad arcaica. En la Segunda República tuvimos, por ejemplo, la primera ministra en la historia de Europa occidental. Por eso debe ser un día celebrado por todos los demócratas de distintas ideologías. Para entender su significado, lo que supuso para una ciudadanía que estaba construyendo políticamente su dignidad, sólo hay que ver que el pueblo español fue el único de Europa que se levantó en armas contra el fascismo. Esos miles de hombres y mujeres se negaron a perder la realidad política y social que estaban construyendo. Era el futuro en libertad y bienestar de sus hijos e hijas, de sus nietos y nietas. Recordar, celebrar y reivindicar esa fecha tiene que ser un deber para acabar con la injusticia que han supuesto el olvido y la distorsión histórica para una de las generaciones más brillantes, comprometidas y generosas de nuestra historia.

La Guerra Civil que nunca se aprendió en las escuelas.

 

           «En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado», decía el último parte oficial emitido desde el cuartel general de Franco el 1 de abril de 1939, con la voz del locutor y actor Fernando Fernández de Córdoba.

Atrás había quedado una guerra de casi mil días, que dejó cicatrices duraderas en la sociedad española. El total de víctimas mortales, según los historiadores, se aproximó a las 600.000, de las cuales 100.000 corresponden a la represión desencadenada por los militares sublevados y 55.000 a la violencia en la zona republicana. El desmoronamiento del ejército republicano en la primavera de 1939 llevó a varios centenares de miles de soldados vencidos a cárceles e improvisados campos de concentración. A finales de 1939 y durante 1940 las fuentes oficiales daban más de 270.000 reclusos, una cifra que descendió de forma continua en los dos años siguientes debido a las numerosas ejecuciones y a los miles de muertos por enfermedad y desnutrición. Al menos 50.000 personas fueron ejecutadas entre 1939 y 1946.

Los hechos más significativos de la Guerra Civil han sido ya investigados y las preguntas más relevantes están resueltas, pero esa historia no es un territorio exclusivo de los historiadores y, en cualquier caso, lo que enseñamos los historiadores en las universidades y en nuestros libros no es lo mismo que lo que la mayoría de los ciudadanos que nacieron durante la dictadura o en los primeros años de la actual democracia pudieron leer en los libros de texto del Bachillerato. Además, millones de personas nunca estudiaron la Guerra Civil porque no hicieron Bachillerato o porque nadie les contó la guerra en las asignaturas de Historia.

Setenta y cinco años después de su final, puede ser el momento de recordar cinco cosas básicas que todo ciudadano informado debería saber sobre la Guerra Civil, pero nunca le enseñaron.

1. ¿Por qué hubo una Guerra Civil en España?

En 1936 había en España una República, cuyas leyes y actuaciones habían abierto la posibilidad histórica de solucionar problemas irresueltos, pero habían encontrado también, y provocado, importantes factores de inestabilidad, frente a los que sus gobiernos no supieron, o no pudieron, poner en marcha los recursos apropiados para contrarrestarlos.

La amenaza al orden social y la subversión de las relaciones de clase se percibían con mayor intensidad en 1936 que en los primeros años de la República. La estabilidad política del régimen también corría mayor peligro. El lenguaje de clase, con su retórica sobre las divisiones sociales y sus incitaciones a atacar al contrario, había impregnado gradualmente la atmósfera española. La República intentó transformar demasiadas cosas a la vez: la tierra, la Iglesia, el Ejército, la educación, las relaciones laborales. Suscitó grandes expectativas, que no pudo satisfacer, y se creó pronto muchos y poderosos enemigos.

La sociedad española se fragmentó, con la convivencia bastante deteriorada, y como pasaba en todos los países europeos, posiblemente con la excepción de Gran Bretaña, el rechazo de la democracia liberal a favor del autoritarismo avanzaba a pasos agigantados. Nada de eso conducía necesariamente a una guerra civil. Ésta empezó porque un golpe de Estado militar no consiguió de entrada su objetivo fundamental, apoderarse del poder y derribar al régimen republicano, y porque, al contrario de lo que ocurrió con otras repúblicas del período, hubo una resistencia importante y amplia, militar y civil, frente al intento de imponer un sistema autoritario. Sin esa combinación de golpe de Estado, división de las fuerzas armadas y resistencia, nunca se habría producido una guerra civil.

Vista la historia de Europa de esos años, y la de las otras República que no pudieron mantenerse como regímenes democráticos, lo normal es que la República española tampoco hubiera podido sobrevivir. Pero eso no lo sabremos nunca porque la sublevación militar tuvo la peculiaridad de provocar una fractura dentro del Ejército y de las fuerzas de seguridad. Y al hacerlo, abrió la posibilidad de que diferentes grupos armados compitieran por mantener el poder o por conquistarlo. El Estado republicano se tambaleó, el orden quebró y una revolución radical y destructora se extendió como la lava de un volcán por las ciudades donde la sublevación había fracasado. Allí donde triunfó, los militares pusieron en marcha un sistema de terror que aniquiló físicamente a sus enemigos políticos e ideológicos. Era julio de 1936 y así comenzó la Guerra Civil española.

2. ¿Por qué la propaganda domina a la historia cuando se trata de la violencia?

Para los españoles, la guerra civil ha pasado a la historia, y al recuerdo que de ella queda, por la deshumanización del contrario y por la espantosa violencia que generó.

Los bandos que se enfrentaron en ella eran tan diferentes desde el punto de vista de las ideas, de cómo querían organizar el Estado y la sociedad, y estaban tan comprometidos con los objetivos por los que tomaron las armas, que era difícil alcanzar un acuerdo. Y el panorama internacional tampoco dejó espacio para las negociaciones. De esa forma, la guerra acabó con la aplastante victoria de un bando sobre otro, una victoria asociada desde ese momento a los asesinatos y atrocidades que se extendían entonces por casi todos los países de Europa.

La apelación a la violencia y al exterminio del contrario fueron además valores duraderos en la dictadura que se levantó sobre la Guerra Civil y que iba a prolongarse durante casi cuatro décadas. Por eso, la sociedad que salió del franquismo y la que creció con la democracia mostró índices tan elevados de indiferencia hacia la causa de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura. Y sigue sin haber acuerdo fácil en esa cuestión, porque todas las complejas y bien trabadas explicaciones de los historiadores quedan reducidas a quién mató más y con mayor alevosía. En ese tema, todavía hoy, la propaganda, con sus habituales tópicos y mitos, suele sustituir al análisis histórico.

3. ¿Cómo se vio y se ve la Guerra Civil española en el exterior?

Pese a lo sangrienta y destructiva que pudo ser, la Guerra Civil española debe medirse también por su impacto internacional, por el interés y la movilización que provocó en otros países. En el escenario internacional desequilibrado por la crisis de las democracias y la irrupción del comunismo y de fascismo, España era, hasta julio de 1936, una país marginal, secundario. Todo cambió, sin embargo, a partir de la sublevación militar de ese mes. En unas pocas semanas, el conflicto español recién iniciado se situó en el centro de las preocupaciones de las principales potencias, dividió profundamente a la opinión pública, generó pasiones y España pasó a ser el símbolo de los combates entre fascismo, democracia y comunismo.

Lo que era en su origen un conflicto entre ciudadanos de un mismo país derivó muy pronto en una guerra con actores internacionales. La situación internacional era en ese momento my poco propicia para la República, y para una paz negociada, y eso marcó de forma decisiva la duración, curso y desenlace de la guerra civil española. La Depresión había alimentado el extremismo y minado la fe en el liberalismo y la democracia. Además, la subida al poder de Hitler y los nazis en Alemania y la política de rearme emprendida por los principales países europeos desde comienzos de esa década crearon un clima de incertidumbre y crisis que redujo la seguridad internacional.

Los mejores expertos sobre la financiación de la guerra y su dimensión internacional han destacado el desequilibrio a favor de la causa franquista de suministros de material bélico, pero también de asistencia logística, diplomática y financiera. Al margen de las interpretaciones canónicas de un lado o de otro, esos historiadores subrayan la trascendencia de la intervención extranjera en el curso y desenlace de la guerra. La intervención de la Alemania nazi y de la Italia fascista y la retracción, en el mejor de los casos, de las democracias occidentales condicionaron de forma muy importante, si no decisiva, la evolución y duración del conflicto y su resultado final.

Pero a España no sólo llegaron armas y material de guerra. Llegaron también muchos voluntarios extranjeros, reclutados y organizados en las Brigadas Internacionales por la Internacional Comunista, que percibió muy claramente el impacto de la Guerra Civil española en el mundo y el deseo de muchos antifascistas de participar en esa lucha. Frente a la intervención soviética y a las Brigadas Internacionales, los nazis y fascistas [en la foto, una compañía del ejército fascista de marcha por España en 1937, retratados por el teniente italiano Guglielmo Sandri] incrementaron el apoyo material al ejército de Franco y enviaron asimismo miles de militares profesionales y combatientes voluntarios. La guerra no era sólo un asunto interno español. Se internacionalizó y con ello ganó en brutalidad y destrucción. Porque el territorio español se convirtió en campo de pruebas del nuevo armamento que estaba desarrollándose en esos años de rearme, previos a una gran guerra que se anunciaba.

4. ¿Por qué se movilizaron tantos extranjeros en la guerra española?

Dentro de esa guerra internacional en suelo español hubo varias y diferentes contiendas. En primer lugar, un conflicto militar, iniciado cuando el golpe de Estado enterró las soluciones políticas y puso en su lugar las armas. Fue también una guerra de clases, entre diferentes concepciones del orden social, una guerra de religión, entre el catolicismo y el anticlericalismo, una guerra en torno a la idea de la patria y de la nación, y una guerra de ideas que estaban entonces en pugna en el escenario internacional. En la guerra civil española cristalizaron, en suma, batallas universales entre propietarios y trabajadores, Iglesia y Estado, entre oscurantismo y modernización, dirimidas en un marco internacional desequilibrado por la crisis de las democracias y la irrupción del comunismo y del fascismo. Por eso tanta gente de diferentes países, obreros, intelectuales y escritores, se sintió emocionalmente comprometida con el conflicto.

5. ¿Por qué ganó Franco la guerra?

Los militares sublevados en julio de 1936 ganaron la guerra porque tenían las tropas mejor entrenadas del ejército español, al poder económico, estaban más unidos que el bando republicano y los vientos internacionales soplaban a su favor. Después de la Primera Guerra Mundial y del triunfo de la revolución en Rusia, ninguna guerra civil podía ser ya sólo “interna”. Cuando empezó la Guerra Civil española, los poderes democráticos estaban intentando a toda costa “apaciguar” a los fascismos, sobre todo a la Alemania nazi, en vez de oponerse a quien realmente amenazaba el equilibrio de poder. La República se encontró, por lo tanto, con la tremenda adversidad de tener que hacer la guerra a unos militares sublevados que se beneficiaron desde el principio de esa situación internacional tan favorable a sus intereses.

La victoria incondicional de las tropas del general Francisco Franco, el 1 de abril de 1939, inauguró la última de las dictaduras que se establecieron en Europa antes de la Segunda Guerra Mundial. La dictadura de Franco, como la de Hitler, Mussolini u otros dictadores derechistas de esos años, se apoyó en el rechazo de amplios sectores de la sociedad a la democracia liberal y a la revolución, quienes pedían a cambio una solución autoritaria que mantuviera el orden y fortaleciera al Estado.

Setenta y cinco años después, pocos creen ya que el objetivo del historiador es presentar a sus lectores “la verdad sin mancha ni pintura”, o que el pasado existe independiente de la mente de los individuos y lo que tiene que hacer el historiador, en consecuencia, es representarlo de forma objetiva. Que los hechos de la historia nunca nos llegan a nosotros en estado “puro” es algo que popularizó Edward H. Carr hace ya muchos años y había sido ya dicho por los historiadores norteamericanos de la “New History” a comienzos del siglo XX. Pero asumiendo que la verdad absoluta es inalcanzable, la función del historiador debería ser todavía, en palabras de François Bedarida, “la de descubrir modestamente las verdades, aunque sean parciales y precarias, descifrando parcialmente en toda su riqueza los mitos y las memorias”. Y algunas verdades relativas y bastantes certezas tenemos ya sobre la Guerra Civil, después de tantos intentos por reconstruir aquellos hechos y las vidas de los que los presenciaron, y por ampliar el foco, las fuentes y las técnicas de interpretación.

Además de difundir el horror que la guerra y la dictadura generaron y de reparar a las víctimas durante tanto tiempo olvidadas, hay que convertir a los archivos, museos y a la educación en las escuelas y universidades en los tres ejes básicos de la política pública de la memoria. Más allá del recuerdo testimonial y del drama de los que sufrieron la violencia, las generaciones futuras conocerán la historia por los libros, documentos y el material fotográfico y audiovisual que seamos capaces de preservar y legarles. Archivos, erudición, análisis, debates y buenas divulgaciones de los conocimientos. Eso es lo que necesitamos para seguir construyendo las partes del pasado que todavía quedan por rescatar. La propaganda y la opinión son otra cosa.

Julián Casanova  Publicado en El País I/IV/2014

 

En el siglo XIX, los aristócratas con pretensiones cultas y cosmopolitas, sobre todo los británicos, tenían que hacer un Grand Tour del continente europeo, que en realidad se centraba en Italia, Francia, partes de Alemania y Grecia (y definitivamente excluía a la exótica y peligrosísima España, la de Carmen y otros bandoleros de la imaginación romántica). La expansión del turismo durante el siglo XX fue otra expresión de la irrupción de las masas como sujetos históricos activos y visibles. También fue resultado de la extensión de la sociedad de consumo a las capas medias y bajas de Occidente. El boomde posguerra hizo posible la motorización primero y los aviones a reacción después, lo que, combinado con las vacaciones pagadas permitió la explosión de la industria del turismo para los plebeyos como usted y yo. Esto es, antes y después de su masificación, el turismo a menudo ha cubierto una “necesidad” cultural y el resultado es que hay turismo histórico para todos los gustos y estómagos: ya sea la certificación de los elevados orígenes de nuestra civilización mediante inspección de la Acrópolis a la visión del espanto del totalitarismo contemporáneo en Auschwitz.

El turismo histórico nunca ha dejado de ser del todo discernible del proyecto político del Estado. Los Gobiernos, y especialmente las dictaduras, cuando han podido, han buscado la “orientación” del negocio turístico para nacionalizarlo y justificar lo que les ha convenido, forzando el olvido o el desprestigio de lo que les ha molestado. Ahí esta el papel legitimador del turismo histórico, y hasta del de playa, de la dictadura franquista. En este último caso, no se trataba solo de lo que se decía, por ejemplo, del Valle de los Caídos o de Belchite, sino de lo que no se decía de otros lugares y hechos que o no existían o pertenecían al mundo de la deformación y el escarnio oficial. Como explicó la profesora Sandie Holguín, ya durante la Guerra Civil la dictadura de Franco invitaba a extranjeros a los frentes de guerra (pero no a las fosas apenas cerradas de sus víctimas). Más tarde, como también ha explicado el profesor Sasha Pack, durante la vida del régimen, el Spain is different de los años sesenta también implicaba que su democracia, Señor Turista, no es la nuestra, así que venga y disfrute y no piense demasiado. No es casualidad que el factótum del turismo español durante los primeros 15 años de la dictadura, Luis Bolín, fuese también, entre otros servicios prestados a su amo, jefe de prensa del Caudillo durante la guerra (y luego su seudobiógrafo). Tampoco es casualidad que el régimen fundiese las funciones de turismo y propaganda en un solo ministerio donde sirvieron personajes como Gabriel Arias-Salgado o el más prolífico Manuel Fraga, o que intelectual residente del ministerio durante décadas fuese el historiador Ricardo de la Cierva.

Son cosas del pasado, de la dictadura, se dirá; y es cierto que lo peor del turismo histórico-patriótico en España, disfrazado o no, ya pasó. Pero hay actitudes en este campo que o perviven o han renacido al calor de los discursos nacionalistas, ahora vestidos de modernidad, de la España actual. Quizá en este sentido el ejemplo españolista más banal sea el de la Marca España, que sería irrisorio si no tuviésemos seis millones de parados, niños y adultos con hambre, corrupción por doquier, o miles de nuestros mejores ciudadanos desperdiciados para la ciencia “española”. Es dudoso que la Marca España nos haga vender más o atraiga más turistas, pero lo que sí parece obvio es que sirve sobre todo a este Gobierno, para el que vale más vender humo patriotero, que además no se ve más allá de donde llegan las emisiones de la televisión gubernamental, que dar trabajo a unos cuantos científicos o maestros más.

Desgraciadamente, hay demasiada competencia en España en esta ansia de vender patria en el extranjero. La Generalitat catalana, lanzada a conmemorar y gastar lo que no tiene en los fastos de 2014, se ha metido también a la promoción turística de la historia patriótica. En este sentido, la Dirección General de Turismo ha editado una guía turística (de casi 150 páginas en la edición en inglés) promoviendo una serie de circuitos de visitas a lugares clave en los acontecimientos de 1714 (Catalonia 1714. A tour of places associated with the War of Succession and the Baroque era). Lo que en principio parece un proyecto muy loable para promover el turismo y quizá activar la economía, y el conocimiento histórico, resulta ser un documento que refleja una visión única y muy parcial, la del soberanismo catalán, de la Guerra de Sucesión y de los 300 años que siguieron. Puesto algo más crudamente: es propaganda política que se hace pasar por historia, quizá útil desde el punto de vista del negocio hostelero, pero al servicio de quien está en el poder en Barcelona, y pagada con dinero público.

De entrada la guía promete presentar el “punto de vista catalán” de los hechos. ¿Qué punto de vista catalán? ¿Hay un único y verdadero punto de vista catalán? Con respeto para los autores y teniendo bien en cuenta las muchas diferencias de fondo y tiempo, ¿nadie se ha dado cuenta de cómo esto recuerda a las notorias “verdad de España” del régimen franquista? Cataluña es una sociedad libre y diversa y, por tanto, no tiene una voz única ni para el pasado ni para el presente. Pero es que el texto chirría incluso cuando describe hechos. Menciona esta guía la supresión de la “constitución” de Cataluña por parte de Felipe V. A falta de mayor información, la noción que se da al turista histórico es la de una Constitución (moderna, democrática y votada por los ciudadanos) suprimida, no la derogación por parte de una Monarquía centralista de la compilación de una serie de derechos y privilegios de origen medieval. Más tarde, reduce este texto a los combatientes en el conflicto a dos grupos artificialmente diferenciados, moral y geográficamente. Por un lado, estarían las tropas de Cataluña y, por otro, las francesas y españolas. La inconveniente presencia, entre otros, entre los presuntos “patriotas” catalanes de unidades castellanas, aragonesas, navarras, valencianas e incluso de la península italiana es simplemente ignorada. Por último, y pese a todas las deformaciones y omisiones, quizá lo peor de la guía va, como en las jotas, en la despedida: la afirmación de que el objetivo último de las fuerzas borbónicas era “destruir la nación catalana”; un objetivo que, nos dice por si no lo habíamos captado, 300 años después siguen (es de suponer que los españoles) sin haber conseguido.

Evidentemente, hay quien piensa que la explicación de toda patria para el consumo de la masa turística o escolar necesita de una reducción a argumentos de buenos y malos. Es un camino tan fácil como falso que lleva primero a la caricatura y luego a la contradicción de los absurdos. Por seguir con esta guía, en ella se citan a los dos aliados de la patria derrotada en 1714, Inglaterra y los Países Bajos, como modelos de libertad y laboriosidad hacia los que los catalanes se sentían naturalmente atraídos. Dejemos aparte la laboriosidad y centrémonos brevemente en la promoción inglesa de la libertad, porque es una visión que daría que pensar al visitante que, antes o después de hacer turismo patriótico en Cataluña, hiciese lo propio y leyese lo que se escribe y se conmemora en Escocia, Irlanda, la Arcadia canadiense, Quebec o Nueva Inglaterra, por no mencionar en lo que queda de las prisiones y mercados de esclavos africanos en ambas orillas del Atlántico. Y esto sin salirnos del XVIII: un siglo que podrá ser reinventado a conveniencia, pero en el que las patrias soñadas de unos siguen siendo las pesadillas de otros.

Antonio Cazorla Sánchez es catedrático de Historia de Europa en la Trent University (Canadá). Su próximo libro es Franco: the biography of the Myth (Routledge, 2013).

 El País XII/VIII/2013

Resistentes.

 

      Ser un resistente, he aquí la última forma romántica de vivir.

       Año 1942. Estación de ferrocarril en un pueblo de Francia, un individuo en un paso a nivel está apoyado en una bicicleta con un cigarrillo en los labios, pasa el tren con un silbido desolado, el individuo realiza con el brazo una contraseña y poco después en un puente cercano suena la explosión. El convoy ha saltado por los aires. Llevaba armas para el ejército nazi. El individuo monta en la bicicleta y se aleja canturreando la canción de los partisanos Oh, bella, ciao. Misión cumplida.

        La Resistencia Francesa estaba envuelta en un aura muy literaria. Había una guerra. Había un invasor. Eran tipos duros que se jugaban el pellejo.

       La literatura con que fueron adornados por la historia se ha extinguido, pero en cualquier tiempo, en cualquier lugar, los resistentes permanecen siempre con la misma actitud heroica frente a cualquier otra invasión que trate de doblegarlos.

   Aunque nadie los conozca por sus nombres, hay que considerarlos como los nuevos partisanos imbatibles. El invasor está ahora en todas partes; el convoy que lleva armas al enemigo pasa todos los días por delante de nuestra puerta bajo diversas formas: se trata, tal vez, de la crispación agresiva de la derecha cerril o de la izquierda corrupta y sin ideales, del fanatismo religioso que se ha apoderado de la calle, de los vestigios de la caverna y de la España negra, de la basura que emite la televisión, del cacareo gallináceo de algunas tertulias, de los rebuznos digitales que asolan el espacio.

       En el fondo es un solo enemigo que ataca desde flancos distintos, el mismo que, a veces, se alía con alguna caída personal, con la angustia de vivir sin aceptarse. Existen tipos admirables que no están dispuestos a claudicar frente a la adversidad. Ningún político conseguirá que se traguen una rueda de molino, ningún obispo les obligará a arrodillarse, ningún vendedor de peines intelectual les hará perder el tiempo y si la vida se les tuerce con una mala racha, con la crisis, la depresión y el paro, tratarán de soportar la dificultad sin romperse nunca por dentro.

     Son los últimos románticos de la resistencia que, desde la clandestinidad, se enfrentan cada día a la miseria moral que intenta anularlos.

    Oh, bella, ciao.

 

    Manuel Vicent, publicado en El País

El estallido que viene.

 

                              Lo habrá, tarde o temprano lo habrá. Habrá un estallido social. El mundo que prometía un bienestar sostenido está roto. Los políticos no lo ven, o no lo saben o quizá sea que han llegado a ese estado de ceguera, necedad y estupidez que les impide salir de su discurso hueco, repetido y refractario. Es el bloqueo del poder partitocrático tal como lo conocemos. E intuyo que lo que se prepara es el control del estallido.

Como ciudadano pensante podría hacer un análisis negativo, incluso muy negativo, y no dejaría de ser realista. Pero se impone partir de una esperanza: la sociedad europea, sobre todo la del sur o medio-sur, sigue viva, avanza, crece, palpita, mira hacia el horizonte y no se resiste. Lucha. Esto también es real.

Ahora lo que recorre Europa es una luz. No una de esas luces de final del túnel, sino una luz pequeña, una ligera claridad, una luz de linterna que alumbra, por fin, el interior de lo que pasa. Lo primero que ilumina esa luz es que Europa tiene un problema político que no ha sabido resolver todavía. Y a esto se añade otro aspecto, trágico: los serios problemas de ciertos estratos de su población, tales como los mayores, los jóvenes, los inmigrantes, los parados, etcétera, pendientes cada uno de su inhóspito y tambaleante futuro. Y esto conduce a nuestro mayor problema: somos más viejos, somos más pobres, pero los ricos son más ricos. Hay, pues, un brote agresivo de injusticia y desigualdad.

Aunque surgen recelos por todas partes, y más con el maquillaje del Premio Nobel de la Paz a la UE (seguro que en Bosnia aún se ríen de esta broma de mal gusto), hay que reconocer que existe un camino que la sociedad europea en su conjunto ha recorrido modélicamente, un camino común hacia una identidad común, un bienestar común y una cultura diversificadamente común; un camino que no han recorrido por igual los políticos. Porque ahora hay un abismo entre la sociedad europea y sus políticos.

Es más, asumamos de una vez, con decisión, que la clase política es el gran problema que impide modificar la realidad en Europa. ¿Por qué? Porque los políticos no han contribuido a eliminar los prejuicios de unos sobre otros, sino que los han aumentado; y tampoco han articulado los mecanismos reales contra la injusticia, para lo cual, básicamente, estaban elegidos. Han entregado a los ciudadanos a los bancos, a las instituciones financieras, a los principios inmorales de un capitalismo sin control. Y esto todos: los políticos de derecha y los políticos de izquierda. Porque, en este sentido, en la Europa en crisis, derecha e izquierda han terminado por ser parodias recíprocas. O, lo que es peor, cómplices de una vieja dramaturgia, la de su propia supervivencia.

Y al no haber una política económica verdaderamente común (salvo la malhadada monetaria), se han evidenciado, en cada país, las miserias de esos mismos políticos: la corrupción, la ineptitud, la mala gestión, la incapacidad práctica e intelectual y el error sistemático. Esto ha llevado a cuestionar, y más que nunca y con más razones que nunca, su papel delegado de representatividad.

¿Cuáles son los verdaderos males que aquejan a Europa? A mi modo de ver, son los siguientes: 1. La fractura del equilibrio económico sostenible, que requiere actualmente redimensionarse. 2. Las diferencias entre Estados, aumentadas por la quiebra entre el Norte y el Sur. 3. La corrupción (tanto en el Norte como en el Sur) tan capilarmente extendida. 4. La política estandarizada y necia. 5. La codicia financiera, estimulada por una banca abusiva en extremo. 6. La falta de futuro nítido. 7. El vertiginoso incremento del paro y el desempleo, que ha de verse en términos no ya económicos sino de población. Y 8. El desvío o traspaso de responsabilidades y cargas a las capas más débiles o clases medias de la sociedad (ciudadanos, profesionales, trabajadores, parados) y no a la banca, ni a los grandes empresarios ni a la clase política, con el consiguiente aumento de la injusticia social generalizada.

 

                                          

Es decir, es imperativo asumir sin eufemismos si existe o no una respuesta a la cuestión capital de la redistribución de la riqueza y del sistema productivo y de consumo. Si la respuesta es inequitativa, toda revolución debería ser inminente. Si es equitativa, ha de formularse una eficaz respuesta política de carácter legislativo. Estamos lejos de esto. Porque esto lleva a pensar (y a propugnar) que es necesaria otra forma de vida, que partiría de esta sencilla pregunta que nadie se hace: ¿por qué las cosas valen lo que algunos dicen que valen y por qué no valen menos? Es decir, ¿por qué prima la ganancia y el beneficio por encima de la vida misma?

Se ve venir una crisis de la democracia, tal como la hemos concebido hasta ahora, y es una crisis sistémica. La representatividad y el modo de acceso a ella, sobre todo en algunos países, está cuestionada, y con razón. Es, por tanto, una crisis política. Una crisis en la que otra vez sobrevuela por Europa el fantasma de la intolerancia, del radicalismo nacionalista (de izquierda y de derecha), y otra vez se silencian las voces que, mayoritariamente, se declaran no sectarias, aplicándoles la categoría de “alternativas”, como estigma de lo que no es una opción viable. ¡Y ya lo creo que lo es!

Es urgente preguntarse si hay un futuro real para Europa. Y la respuesta siempre sería positiva, obviamente: hay, sin duda alguna, un futuro porque la gente existe, la gente vive. Sin embargo, no es tan fácil. Hay tres escenarios de futuro: uno deseable, otro indeseable y otro lamentable.

El futuro deseable pasa por una total unión política, la creación de unos Estados Unidos de Europa reales. Eso permitiría conseguir una globalidad y una corresponsabilidad económica y social, con la creación de un plan de crecimiento y racionalización de recursos, producción y consumo; y no una política de austeridad que suponga la exclusión y la tortura social. En este sentido, faltan nuevas ideas y nuevos nombres que las procuren.

El futuro indeseable es aquel que conlleve ruptura de tratados que garantizan grandes márgenes de libertad, el avance de posturas muy radicales (ya las hay en Grecia, Finlandia, Hungría, Holanda, Francia…), la negatividad de la multiculturalidad, es decir, su fracaso, y, sobre todo, la desvinculación de la sociedad de los millones de parados, jóvenes en especial, dando por sentada una sobrecogedora falta de solidaridad.

Pero hay un futuro lamentable que me temo más cercano; un futuro probable y resultadista. Será el de una Europa sin influencia estratégica mundial, con grandes carencias en las conquistas sociales, con un adelgazamiento brutal de la garantía igualitaria que ofrece “lo público”. Será una Europa en la que cualquier mejoría se anunciará para plazos cada vez más lejanos, bajo la amenaza de que “lo peor aún está por llegar”, causando desaliento. Será una Europa dividida en dos, la que funciona y la que no. Y habrá países de esa Europa fractal en los que invertir será un chollo: ya se podrá comprar a centavo el dólar, ya se podrá comprar un país (y lo que contiene) muy barato, aceptando gustosos una inversión en industrias que exigirán unas condiciones laborales muy desprotegidas, con sueldos muy bajos. Que la sociedad vuelva a escalar clases sociales, desde posiciones muy bajas también.

Nos están preparando para esto, para aceptar sin violencia estas duras condiciones, y para que nos parezcan una necesidad inevitable. No de otro modo se entiende la gran presión que sufren las clases medias, una auténtica incertidumbre social, y la brutal represión de todas las manifestaciones de protesta con el fin de atemorizar. Es decir, se está controlando el estallido, se está modulando su impacto y su alcance.

Ante todo esto, desolador sin duda, creo que la única esperanza, la única vía de salida, radica en ir en dirección contraria a la que vamos. Eso lo saben los políticos. Y si no lo saben, que dejen de ser políticos, porque solo serán imbéciles.

 

Adolfo García Ortega es escritor. Publicado en El País el XXX/XI/2012

La verdad sobre España

Traducción de un artículo publicado el jueves en varios periódicos económicos alemanes, por su corresponsal en España:

Hoy, 6 de septiembre, se encuentran en Madrid los gobiernos de Alemania y España,acompañados de un nutrido grupo de empresarios, y donde seguro hablarán sobre las condiciones para poder otorgar más ayudas financieras a España o a su sistema bancario. En los dos lados se ha elevado el tono en los últimos meses y es con gran expectación que España espera ahora la decisión que va a tomar el Tribunal Constitucional alemán, que esa sí es crucial, el día 12, sobre la conformidad o no del rescate europeo y las obligaciones derivadas para los alemanes.

 

En Alemania crece la critica contra la supuesta «mentalidad de fiesta» de los españoles; en España los medios cada vez son más negativos con la supuesta dureza de la canciller Merkel. Pensamos que la situación es mucho más compleja de lo que presentan ambos gobiernos y la mayoría de los medios. España no es Grecia, pero España puede ser un paciente crónico si Alemania, junto con Europa, no contribuye a solucionar sus verdaderos problemas.

 

España no debería recibir más dinero sin que se cambie a fondo el sistema político y económico, hoy en manos de una oligarquía política aliada con la oligarquía económica y financiera, y sin que se aumente la participación ciudadana real en las decisiones políticas. Para no perpetuar la crisis y endeudar a los españoles durante generaciones, el Gobierno español debe reformar a fondo la administración de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, en su mayoría en bancarrota y completamente fuera de control, sometiendo a referéndum el modelo de Estado.

 

Este tema es la clave del futuro de España, porque las regiones, ayuntamientos y diputaciones son los responsables de los dos tercios del gasto público -234.000 millones frente a 118.000 el Estado en 2011-, excluyendo la Seguridad Social -23.000 millones-, y este gasto se realiza en condiciones de descontrol, despilfarro y corrupción totalmente inaceptables. Las razones verdaderas de la crisis del país, en consonancia con lo dicho, nada tienen que ver con salarios demasiado altos -un 60 % de la población ocupada gana menos de 1.000 euros/mes-, pensiones demasiado altas -la pensión media es de 785 euros, el 63% de la media de la UE-15- o pocas horas de trabajo, como se ha trasmitido a veces desde Alemania. A España tampoco le falta talento, ni capacidad empresarial ni creatividad. Tiene grandes pensadores, creativos, ingenieros, médicos excelentes y gestores de primer nivel.

La razón de la enfermedad de España es un modelo de Estado inviable, fuente de todo nepotismo y de toda corrupción, impuesto por una oligarquía de partidos en connivencia con las oligarquías financiera y económica, y con el poder judicial y los organismos de control a su servicio. En España no existe separación de poderes, ni independencia del poder judicial, ni los diputados representan a los ciudadanos, solo a los partidos que los ponen en una lista. Todo esto lleva también a una economía sumergida que llega al 20% del PIB y que frena la competencia, la eficacia y el desarrollo del país. Además, detrae recursos con los que podrían financiarse educación y sanidad.

 

Las ayudas para España, igual que para otros posible candidatos de rescates, no deben ir a bancos ya casi en bancarrota y fuertemente politizados. En la CAM, el Gobierno ha comprometido 16.000 millones de dinero público en lugar de cerrarla; en Bankia, 23.000, y el Ejecutivo acaba de darle 5.000 millones urgentemente para cubrir pérdidas en vez de cerrarla, y además de forma tan extraña que despierta todo tipo de recelos. ¿Por qué se ha utilizado el dinero de los españoles (FROB) en vez de esperar los fondos de la UE? Es lícito suponer que la razón es la siguiente: los bancos no quieren que la UE investigue sus cuentas.

 

Control estricto y duras condiciones. Ya el caso de Grecia ha demostrado que las ayudas europeas tienen que estar vinculadas a un control estricto y condiciones duras. Esas condiciones no pueden solamente representar recortes sociales o subidas brutales de impuestos, como hace ahora el Gobierno de Mariano Rajoy con la excusa de Europa. Se tiene que cambiar más en España que cortar gasto social, que de todos modos es mucho más bajo que en Alemania, y hay otros gastos infinitamente más relevantes que se pueden eliminar. Además, los casos de corrupción resultan tan escandalosos, incluso en el propio Gobierno, que uno solo puede llegar a una conclusión: el dinero de Europa no puede ser manejado por  personas tan increíblemente venales.

 

La pasada semana el ministro de Industria Soria -imputado también por corrupción urbanística en Canarias- acusó al ministro de Hacienda en el Consejo de Ministros de favorecer descaradamente a la empresa líder de renovables, Abengoa, de la que había sido asesor, en la nueva regulación de estas energías, que reciben más de 7.000 millones de euros de subvenciones anualmente. Y Rajoy, al que entregó una carta probatoria, ni dijo ni hizo absolutamente nada.

 

No puede permitirse por más tiempo este nivel de corrupción, y menos aún a 17 regiones funcionando como estados independientes, con todos los organismos multiplicados por 17, desde 17 servicios meteorológicos a 17 defensores del pueblo, con 200 embajadas, 50 canales de TV regionales en pérdida, 30.000 coches oficiales o 4.000 empresas públicas que emplean a 520.000 personas, creadas específicamente para ocultar deuda y colocar a familiares y amigos sin control ni fiscalización alguna. En conjunto, unos 120.000 millones, equivalentes al 11,4% del PIB, se despilfarran anualmente en un sistema de nepotismo, corrupción y falta de transparencia.

 

Y con esto se tiene que acabar, entre otras cosas, porque ya no hay dinero. Los últimos datos de las cuentas públicas conocidos la pasada semana son escalofriantes. El déficit del Estado a julio ascendió al 4,62% del PIB, frente a un déficit del 3,5% comprometido con la UE para todo el año (del 6,3% incluyendo regiones y ayuntamientos). Pero lo realmente inaudito es que España está gastando el doble de lo que ingresa. 101.000 millones de gasto a julio frente a 52.000 millones de ingresos, y precisamente para poder financiar el despilfarro de regiones y ayuntamientos, que no están en absoluto comprometidos con la consolidación fiscal.

 

El tema del déficit público es algo que roza la ciencia ficción, y que ilustra perfectamente la credibilidad de los dos últimos gobiernos de España. En noviembre de 2011, el Gobierno dijo que el déficit público era del 6% del PIB; a finales de diciembre, el nuevo Gobierno dijo que le habían engañado y que el déficit era superior al 8%, y que se tomaba tres meses para calcularlo con toda precisión. A finales de marzo, se dijo que definitivamente era del 8,5%, y ésta fue la cifra que se envió a Bruselas. Dos semanas después, la Comunidad de Madrid dijo que sus cifras eran erróneas y el Ayuntamiento de la capital igual… el déficit era ya del 8,7%.

 

Sin embargo, la semana pasada el INE dijo que el PIB de 2011 estaba sobrevalorado y, con la nueva cifra, el déficit era del 9,1%; dos días después, Valencia dijo que su déficit era de 3.000 millones más; o sea, que estamos en el 9,4% y las otras 15 CCAA y 8.120 ayuntamientos aún no han corregido sus cifras de 2011. Lo único que sabemos es que están todas infravaloradas. El déficit real de 2011 puede estar por encima del 11%, y en 2012 se esta gastando el doble de lo que se ingresa. Como dice el Gobierno de Rajoy, “estamos en la senda de convergencia”. Y es verdad… de convergencia hacia Grecia.

 

Claramente, la joven democracia española tiene todavía muchos déficits de representatividad y de democracia que deberían interesar a la canciller Merkel y también a Europa, si queremos evitar una Grecia multiplicada por cinco y salvar el euro. Esto es lo que ha hecho posible el despilfarro masivo de las ayudas europeas, con una asignación disparatada de las mismas, a pesar de que estas ayudas han supuesto una cifra mayor que la del Plan Marshall para toda Europa.

 

Es frustrante que a causa de este sistema oligárquico nepotista y corrupto se destroce talento y creatividad y que ahora muchos jóvenes se vean forzados a trabajar fuera, muchos en Alemania. Esa situación nos ha llevado a una distribución de riqueza que es de las más injustas de la OECD. La antaño fuerte clase media española está siendo literalmente aniquilada.

 

Resumiendo: no es una falta de voluntad de trabajo, como se piensa tal vez en algunos países del norte de Europa, lo que hace que España sufra la peor crisis económica de su Historia. Es un sistema corrupto e ineficiente. La crítica del Gobierno alemán y sus condiciones para un rescate de España se deberían concentrar en la solución de esos problemas. En caso contrario, solo conseguirán que una casta política incompetente y corrupta arruine a la nación para varias generaciones.

 

*Stefanie Claudia Müller es corresponsal alemana en Madrid y economista.

 

 

a vueltas con los trenes del 11-M.

 

           En relación con los atentados de 2004, ciertos medios esgrimen periódicamente titulares presentados con tantos aspavientos como vacuidad en su contenido. En ocasiones, logran incluso que alguna figura pública se atragante con sus buñuelos y la excitación alcanza cotas tragicómicas. Es lo que parece haber ocurrido recientemente con el supuesto redescubrimiento de un vagón del 11-M y la posterior reacción del fiscal general del Estado.

Como casi todo lo que tiene que ver con aquellos terribles hechos, el asunto viene enturbiado por una maraña de equívocos, medias verdades y mentiras completas que se repiten sin descanso. En lo que sigue, trataré de aclarar algunos puntos esenciales del hecho para que el lector interesado se forme su propio criterio.

En su día, la defensa de Rafá Zouhier solicitó realizar una inspección ocular de los trenes afectados por los atentados. Mediante providencia de 12 de junio de 2007, la sala enjuiciadora del 11-M le comunicó que “por RENFE se ha manifestado que el desguace se efectuó entre los días 13 y 14 de marzo de 2004”. No se sabe de dónde surgió esta información y es una lástima que Gómez Bermúdez, normalmente muy atento, la diera por buena y la incluyera acríticamente en su sentencia de 31 de octubre de 2007, porque comprobar su inexactitud era un ejercicio relativamente fácil. En el sumario (Tomo 80, folios 24.621 y 24.622), por ejemplo, consta un documento de la empresa Alstom en el que, a 24 de marzo de 2004, puede leerse que un determinado vagón “está siendo desguazado en el TCR de Villaverde”. A algunos periódicos les habría bastado con revisar su propia hemeroteca. Pero el dato era demasiado tentador y no tardó en propalarse en determinados círculos la especie de que los vagones de la tragedia se habían desguazado “en 48 horas”, con el añadido absurdo de que ello contravenía la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Más tarde, el Tribunal Supremo, al tiempo que desestimaba el motivo de casación de Rafá Zohuier basado en la denegación de esa prueba, por entender que en nada le afectaba, recordó que “los trenes y su estado fueron objeto de pericial y la inspección ocular sobre los mismos fue objeto de grabación” (sentencia de 17.7.2008). Sin embargo, y sobre la misma base incierta que la Audiencia Nacional, añadió el comentario de que podía “resultar sorprendente una tan apresurada destrucción”. Es curioso que muchos de quienes siguen citando esta observación inane sean los mismos que han estado y están empeñados en demostrar su falta de fundamento fáctico. Así, lo que ahora vienen a decir es que, después de todo, no era verdad que se hubieran destruido todos los vagones. Ahora resulta que alguno de ellos “se ocultó”, no se sabe muy bien por qué siniestra razón.

Pero no era la primera vez que el Tribunal Supremo se pronunciaba sobre la destrucción de los trenes. El asunto estaba zanjado desde mucho tiempo antes. En octubre de 2006, el sindicato Manos Limpias interpuso una querella contra el juez Del Olmo y la fiscal Olga Sánchez, aduciendo que la destrucción de los vagones del 11-M podría ser constitutiva de diversos delitos. El Tribunal Supremo, mediante auto de 1.12.2006, archivó la querella. En lo que ahora interesa, el máximo intérprete de nuestra legalidad ordinaria declaró:

“a) A lo largo de las actuaciones obran los distintos y pormenorizados dictámenes periciales, sobre los objetos encontrados en los restos de los vagones afectados por las explosiones, y sobre estos mismos, a fin de determinar la etiología, forma y características de las explosiones sufridas. b) En el Tomo 145 del Sumario, folios 53.799 y ss. obra un completísimo informe conjunto de expertos de TEDAX y GUARDIA CIVIL, sobre los restos de los vagones, planteándose incluso la posibilidad de reproducir la deflagración, lo que se desestima por razones técnicas. c) La conservación y destino de los vagones en cuestión —una vez hechos en ellos todas las pericias que se estimaron necesarias— corresponde a su legítimo propietario (RENFE), que además cuenta con lugares apropiados para ello.”

Efectivamente, y en contra de lo que se dice con demasiada frecuencia, los trenes del 11-M no son pruebas, sino, acaso, escenas del delito. Como tales, ninguna ley obligaba a mantenerlos incólumes una vez que policía y juez instructor habían extraído de ellos la información que precisaban y que está ampliamente documentada en el sumario. De modo que, la próxima vez que vuelvan a leer o escuchar que se destruyeron los vagones “infringiendo la Ley de Enjuiciamiento Criminal”, pueden estar seguros de que se hallan ante un charlatán o alguien gravemente desinformado.

Entonces, ¿por qué siguen dándole vueltas periódicamente a esto de la chatarra? Porque a algunos no les gusta la información extraída de los trenes. En realidad, todo tiene que ver con el asunto de los explosivos de la matanza. Sobre esta cuestión pueden escribirse centenares de páginas y algunos estamos literalmente en ello, pero aquí no puedo más que ofrecer unas brevísimas pinceladas. Por desgracia debo omitir toda discusión sobre la contaminación de las muestras, los lavados con agua y acetona, los protocolos imaginarios y multitud de otros aspectos plagados igualmente de lugares comunes falaces.

Básicamente, lo que muchos han estado tratando de establecer durante años es que el explosivo “de los trenes” fue distinto del explosivo “de fuera de los trenes”. Es decir, la Goma 2 ECO hallada en la mochila de Vallecas, en la Kangoo, etc., es falsa, colocada allí por oscuros agentes de la policía y/o los servicios secretos nacionales y/o extranjeros para dar un vuelco electoral (léase golpe de Estado). Pero en los trenes estalló en realidad otra cosa (Titadyn, normalmente con la coletilla: «la dinamita de ETA»). Estas afirmaciones se basan en un grave equívoco que se repite como un mantra infatigable. Es cierto que, como señala la sentencia redactada por Gómez Bermúdez, “no se sabe con absoluta certeza la marca de la dinamita que explotó en los trenes”, pero, pese a lo que se escucha insistentemente, eso no es una anomalía del 11-M, sino lo normal. Algunos comentaristas consideran que esa indefinición es aberrante y que es culpa de algunos policías (en particular, del fementido Sánchez Manzano). Entienden que, si los focos de la explosión los hubiera analizado la policía científica y no los Tedax; si se hubieran recogido más restos; si se hubieran conservado los efectos de las víctimas; si se hubiera hecho esto, lo otro o lo de más allá, se habría podido determinar la marca del explosivo empleado en los trenes de forma indubitada. Pero todos los expertos en explosivos de la policía y de la Guardia Civil que han declarado en los diversos procedimientos han señalado que esto es una falacia: sobre la base exclusiva de unos restos explosionados no es posible determinar la marca comercial, porque en la explosión desaparecen algunos componentes y, aun cuando se tuviera la fortuna de detectar cualitativamente todos ellos, algunas marcas usan los mismos y sólo varían sus proporciones. Pero en restos post-explosión, sin sustancia intacta, no cabe hacer análisis cuantitativos de cuyo resultado pueda inferirse la composición del explosivo entero. Y eso no depende de que haya ocho u ochocientas muestras. Es una imposibilidad técnica. Salvando las distancias, es como empeñarse en que, si se hacen más y mejores fotografías de un objeto, podrá averiguarse su olor.

En definitiva, como dijo el Tribunal Supremo hace años, en el sumario constan los estudios de los trenes (incluido el vagón ahora resucitado) y sus resultados. Con las muestras de los focos se llegó hasta donde era posible llegar técnicamente: dinamita. Los trenes se devolvieron a su propietario, que hizo con ellos lo que consideró oportuno. Nada de cuanto en este asunto hay de relevante es nuevo. Y nada de lo que se pretende hacer pasar por nuevo es relevante.

Pablo Lledó Callejón es licenciado en Derecho y máster en Ciencias Sociales del Instituto Juan March. En la actualidad realiza una tesis doctoral sobre el 11-M.

El País XIII/III/2012

Otro aspecto desatendido de la historia del siglo XX.

 

 

En el texto que publiqué en estas páginas el pasado 11 de febrero sobre los dilemas a los que se ha enfrentado la izquierda democrática en sus relaciones con los partidos comunistas, prometí abordar en mi siguiente artículo una iniciativa comunista con la que estuve profundamente de acuerdo: a saber, la intención que desde finales de 1934 hasta el Pacto de Múnich de septiembre de 1938 mostró la URSS de convencer a las principales potencias occidentales de la necesidad de aceptar una alianza meramente defensiva, que plantara cara a las amenazas militares constantemente expresadas por la Alemania nazi y la Italia fascista (las dos potencias que estaban garantizando la victoria final de Franco en la Guerra Civil española).

Para la gran mayoría de los libros dedicados a la historia del siglo XX, el periodo que va desde 1917 a 1991 se caracteriza por la incesante rivalidad entre el comunismo soviético y la democracia capitalista occidental, una rivalidad que la necesidad de defenderse frente a la agresión militar nazi-fascista-japonesa que tenían ambas partes interrumpió desde mediados de 1941 a mediados de 1945. Poco dicen o lo hacen en tono desdeñoso, de la iniciativa soviética que, en nombre de la “seguridad colectiva”, pretendió constituir una alianza militar defensiva entre el este y el oeste, entre la Rusia soviética y las potencias democráticas capitalistas, es decir, Gran Bretaña y Francia.

La ausencia de la revolución mundial con la que tanto habían soñado y la aparición de regímenes autoritarios profundamente nacionalistas en gran parte de Europa entre 1923 (Mussolini) y 1933 (Hitler) había llevado a los soviéticos a reconsiderar su actitud hacia el mundo capitalista. En lugar de tacharlo simplemente de enemigo al que había que destruir, distinguieron, por una parte, entre regímenes autoritarios y racistas, y, por otra, aquellos que tenían parlamentos dignos de tal nombre y elecciones libres, con clases medias dispuestas a reconocer los derechos de los sindicatos y los partidos marxistas. Iosif Stalin, que en 1930 ya se había afianzado como líder supremo del régimen soviético, anunció la fórmula del “socialismo en un solo país” (la URSS) y el deseo de cooperar diplomática y militarmente con las democracias europeas.

En 1933 la rápida consolidación de la dictadura nazi en Alemania y el hecho de que Hitler no dejara de amenazar con destruir a la URSS, indujeron todavía más a Stalin a buscar un entendimiento con las potencias democráticas. Desde finales de 1934 su ministro de Asuntos Exteriores, Maxim Litvinov, casado con una inglesa y él mismo admirador tanto de esta cultura como de la francesa, intentó en repetidas ocasiones, en la Sociedad de Naciones con sede en Ginebra y en conversaciones privadas con diplomáticos ingleses y franceses, convencer a los occidentales de la necesidad de establecer una alianza militar defensiva que protegiera, tanto a la Unión Soviética como a las potencias capitalistas democráticas de la amenaza de una guerra de conquista nazi.

Desde el mismo inicio de la contienda española, los Gobiernos de Baldwin  y de Chamberlain otorgaron ayuda económica y diplomática encubierta a los generales sublevados

¿Por qué Occidente nunca se tomó en serio la oferta de Stalin y Litvinov? En primer lugar, hay que comprender que las actitudes británicas determinaron la respuesta a las exigencias de Hitler. Francia seguía padeciendo un miedo mortal a una Alemania que la había derrotado durante la guerra franco-prusiana de 1870-1871 y que había estado a punto de llegar a París durante la de 1914-1918. Por su parte, Estados Unidos, durante el periodo de entreguerras, aceptó totalmente el liderazgo diplomático británico. El Tratado de Versalles había obligado a Alemania a encajar grandes pérdidas territoriales y a abonar ingentes reparaciones, cuyo objetivo era que el país sufragara totalmente la reconstrucción material de Francia y Bélgica. Llegado el año 1933, gran parte de los británicos, entre ellos miembros de los partidos Liberal y Laborista, estaban convencidos de que había sido un grave error atribuir toda la responsabilidad política y moral de la guerra a la Alemania imperial.

A esto había que añadir que las clases dirigentes británicas compartían, de forma más “respetable”, los prejuicios raciales nazis. No les parecían bien los campos de concentración ni que se rompieran los escaparates de las tiendas judías, pero estaba claro que pensaban que el mundo estaría mucho mejor si los elementos “arios” y “nórdicos” de los países de habla inglesa, y también de Alemania y Escandinavia, ejercían el liderazgo político del “mundo civilizado”. En consecuencia, estaban psicológicamente preparados para aceptar las exigencias de Hitler, no sólo en cuanto a la reocupación de Renania (1936) y la anexión de Austria (1938), sino respecto a la reconstrucción del poderío militar germano.

Si a los Gobiernos británicos del periodo 1936-1938 les hubiera preocupado realmente la defensa de la democracia política en el continente europeo, la Guerra Civil española les habría proporcionado una oportunidad clara de poner coto a las ambiciones militares de Hitler. Sin embargo, desde el mismo inicio de esa contienda los Gobiernos, primeros de Baldwin y después de Chamberlain, otorgaron ayuda económica y diplomática encubierta a los generales sublevados, advirtiendo a los sucesivos Ejecutivos republicanos franceses de que no concedieran ayuda ni militar ni económica a una República que los conservadores británicos consideraban dominada por comunistas y anarquistas. Por su parte, los soviéticos ayudaron esporádicamente a la República española entre septiembre de 1936 y marzo de 1939, y el carácter esporádico de su contribución se debió en gran medida a la inquietud que sentían ante las incursiones militares de Japón en la frontera siberiana y a la frialdad con la que los británicos acogían la idea de la seguridad colectiva en Europa.

Después de la invasión y anexión de Austria, que no suscitó resistencia diplomática o militar alguna, Hitler acusó estridentemente a la república democrática de Checoslovaquia de maltratar a su minoría alemana, exigiendo que las partes de territorio checo en las que por lo menos el 50%  de la población fuera de “raza” alemana pasaran inmediatamente a soberanía del Reich. Esta exigencia no era tan aceptable para el Gobierno británico como las anteriores. Hitler contuvo a la minoría nazi de Checoslovaquia en los infrecuentes momentos en los que parecía que los británicos podían oponerse a la anexión. Pero a comienzos de septiembre el primer ministro británico organizó la “Conferencia de Múnich” (con asistencia del Reino Unido, Francia, Alemania e Italia), que en realidad puso el destino de Checoslovaquia en manos de Hitler, sin consultar ni al propio Gobierno checoslovaco ni a la Unión Soviética, que había firmado con los checos un tratado defensivo parecido al que Rusia esperaba negociar con franceses y británicos.

Por su combinación de estupidez política y cobardía moral, esta política se conoce con el nombre de “apaciguamiento”. Fue la misma que, al ofender a la Unión Soviética, hizo que Stalin buscara su propio acuerdo con Alemania, concediendo así a Hitler la oportunidad de iniciar la Segunda Guerra Mundial sin tener que luchar en dos frentes, algo que había ocasionado la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Y la única fuerza militar que consiguió finalmente salvar a la Europa democrática fue la alianza defensiva que, formada por Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética entre junio de 1941 y mediados de 1945, los soviéticos habían perseguido entre finales de 1934 y septiembre de 1938.

Lo que en este artículo califico de aspecto desatendido de la historia del siglo XX son esos cinco años de iniciativas soviéticas. Cuando Hitler se traicionó a sí mismo al ocupar Praga, capital del Estado checoslovaco, el 15 de abril de 1939, después de haber firmado el Pacto de Múnich, el Foreign Office británico comenzó a buscar aliados en el este, en previsión de que el Führer decidiera pronto lanzarse a una generalizada guerra de conquista. Después de infructuosas conversaciones con los Estados del sureste de Europa y con Turquía, los británicos decidieron finalmente acercarse a los soviéticos. Pero, para entonces, a finales de mayo y en junio, la Alemania nazi y la Rusia soviética ya estaban negociando el tratado de alianza que anunciaron el 22 de agosto de 1939.

Gabriel Jackson es historiador norteamericano.

El País XIII/III/2012